El Orgullo no nació de un baile, ni de una copita de vino fino, ni de una sonrisa de compromiso frente al objetivo de una cámara de prensa. El Orgullo nació del asfalto, del hartazgo y de las pedradas en los disturbios de Stonewall, en aquel Nueva York de 1969 que dijo «basta». Nació como una trinchera de dignidad y una jornada de estricta reivindicación política por los derechos humanos. Por eso, ver la estampa actual de las celebraciones en Jerez produce una profunda y amarga disonancia cognitiva.
Las recientes fotografías institucionales donde los representantes de la asociación Jerelesgay comparten risas, brindis y aires de fiesta con los líderes locales del Partido Popular invitan a una reflexión urgente. Esas imágenes de cordialidad idílica parecen flotar en una burbuja de amnesia colectiva. Dan a entender que en el universo de la diversidad ya no queda nada por lo que luchar, que el terreno está conquistado y que la política de los derechos civiles se reduce a una mera agenda de ocio y folclore institucional.
Pero la realidad, cuando se mira más allá del destello del flash, es tozuda y alarmante.
La memoria frente al postureo
Resulta incomprensible que se descorche el optimismo junto a las siglas de un partido que, a nivel estatal y autonómico, ha capitaneado el freno a los avances del colectivo. Parece que en Jerez se olvida deliberadamente que el Partido Popular es el mismo que recurrió el matrimonio igualitario ante el Tribunal Constitucional, el mismo que ha cercenado de raíz la Ley Trans y de Igualdad en la Comunidad de Madrid, y el mismo que asume el argumentario de la extrema derecha allí donde los votos le son necesarios.
¿De qué se ríen en las fotos? Hoy no hay nada que celebrar, porque se están perdiendo derechos. Mientras la complicidad y las palmaditas en la espalda copan los titulares locales, en el resto del mapa nacional el panorama es desolador:
- Concejalías de Igualdad desmanteladas y camufladas bajo el epígrafe de la «familia tradicional» en ciudades como Valladolid, Burgos, Toledo o Ciudad Real.
- Banderas arcoíris guardadas bajo llave en los sótanos de ayuntamientos y parlamentos autonómicos por puro veto ideológico, con el caso de Náquera como triste punta de lanza.
- Libros infantiles sobre diversidad secuestrados o reubicados en las estanterías de adultos de las bibliotecas municipales en municipios de la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.
Jerelesgay no debería pecar de ingenuidad. La historia reciente demuestra que la moderación y la simpatía del Partido Popular terminan exactamente donde empiezan sus necesidades aritméticas para gobernar. El idilio jerezano es un espejismo que se desvanecerá en el preciso instante en que el PP local necesite el asiento o el voto de Vox para amarrar una institución. Ese día, las risas de hoy se convertirán en los recortes de mañana, replicando el manual de sumisión ideológica que ya hemos visto aplicar de norte a sur. El activismo no puede permitirse el lujo de ser el decorado amable de quien, en los despachos donde se decide el BOE, vota en contra de su propia existencia.
La transversalidad secuestrada por el dogma
En un país maduro y democrático, la defensa de la diversidad y de los derechos LGTBIQ+ debería ser una cuestión estrictamente transversal, un suelo ético común que quedara blindado y fuera del tablero de la disputa partidista. Lo que legítimamente define y separa a la izquierda de la derecha en las urnas son sus modelos de gestión de los servicios públicos, la presión fiscal o sus políticas económicas. La libertad de amar y de ser, sin embargo, pertenece al ámbito de los derechos humanos y de la dignidad civil, conceptos que jamás deberían depender del color del carné que gobierne.
Por desgracia, la realidad en España es bien distinta. La fuerte y persistente influencia de la Iglesia Católica y de ciertas corrientes del protestantismo conservador en el ADN político del Partido Popular y de Vox ha provocado que la identidad y los derechos civiles se conviertan en armas ideológicas. Al supeditar la acción de gobierno a dogmas religiosos, se fractura el consenso social y se complica, de manera artificial y dolorosa, la convivencia en nuestro país. Convertir los derechos de los ciudadanos en una cruzada moral no solo es un anacronismo, sino un peligroso peaje integrista que debilita la calidad de nuestra democracia.
Un llamamiento al espejo de las contradicciones
Por todo ello, es imposible cerrar estas líneas sin lanzar una pregunta incómoda, un llamamiento directo y urgente a la conciencia de todos aquellos cargos públicos y militantes del Partido Popular que forman parte del colectivo LGTBIQ+. Porque existir, existen; aunque a menudo su realidad quede sepultada bajo la férrea disciplina de voto o la conveniencia orgánica de las siglas.
A todos ellos les invito a hacer una profunda y honesta reflexión interna frente al espejo. Les toca plantearse una pregunta tan vital como dolorosa: en la balanza de sus vidas, ¿qué pesa más? ¿La fidelidad a unas siglas políticas o la defensa de su propia dignidad y de los derechos de su colectivo?
¿Hasta cuándo van a seguir aguantando carros y carretas en silencio? ¿Hasta dónde llega el límite de la sumisión ante un partido que pacta con quienes los quieren invisibles? Es hora de decidir si van a continuar siendo cómplices mudos de los recortes de sus propias libertades por mantener un sillón o una cuota de poder, o si, por el contrario, van a dar un paso al frente para rebelarse desde dentro contra la deriva reaccionaria de su formación.
Olvidar que el Orgullo es protesta, memoria y resistencia es el primer paso para perder todo lo conseguido. Al final, cuando la música se apague y el confeti caiga al suelo, solo quedará la cruda realidad: que los derechos no se blindan con sonrisas en una foto de prensa, sino manteniéndose firmes frente a quienes están dispuestos a mercadear con ellos. El silencio ante el retroceso no es neutralidad; es capitulación.