Ahora, destinar partes de colegios públicos para atender posibles peregrinos, el gasto en mantenimiento del orden público (unos 13000 efectivos de la policía nacional y guardia civil, más la policía local, los mossos de esquadra…) y, sobre todo, la celebración de una sesión conjunta del Congreso y el Senado para que el papa León se dirija a los máximos representantes del pueblo español elegidos democráticamente nos parece una violación clara del artículo 16 de la Constitución Española “Ninguna religión tendrá carácter estatal”.
Por otra parte el papa León es el Jefe del Estado más pequeño del mundo, el Vaticano, que es teocrático con leyes basadas en dogmas religiosos, es jerárquico (el papa elige a los cardenales y obispos, estos a los sacerdotes y los ciudadanos de a pie no eligen a nadie), NO es democrático, (igual que en Irán el máximo representante se elige por ayatolas entre los ayatolas, en el Vaticano se elige por cardenales entre los cardenales) y donde las mujeres no ocupan ningún papel, a lo más abadesa de un convento de monjas, ni siquiera pueden ser sacerdotes y menos obispos o cardenales. Tiene ademas fuertes represiones morales que atentan contra los derechos humanos: no acepta ni el sexo fuera del matrimonio, ni el divorcio ya que el matrimonio es indisoluble según ellos, no digamos las relaciones homosexuales, el aborto o la eutanasia.
Como punto de comparación, según el Barómetro sobre Religión y Creencias en España (BREC) 2025 de la Fundación Pluralismo y Convivencia, solo un 46% de los habitantes de España se define como católico, un 42% como no creyente, agnóstico o ateo y un 8% creyente en otras religiones, es decir los católicos son minoría en el total de la población española. El porcentaje de asistencia a ceremonias religiosas (católicas o no) una vez al mes o más es del 18%, incluyendo al 11% que van una vez por semana o más. En cambio, los que asisten a ceremonias religiosas menos de una vez al año o nunca corresponden al 65% de la población. Sólo el 30% de los entrevistados desea un entierro religioso. En 2022 sólo el 19% de las bodas fueron católicas. El 86 % está a favor de la libertad de las personas para vivir de acuerdo con su identidad sexual o de género, el 74% a favor de la eutanasia, el 68% del aborto (respectivamente el 84, 66 y 58 por ciento de los que se dicen católicos, es decir, no sólo la sociedad española, sino los propios católicos son más
tolerantes que la moral oficial de su iglesia).
La rigidez moral oficial de la iglesia católica choca con la lentitud en asumir los pecados dentro de sí misma: colaboración con dictaduras, nula transparencia en niños robados, pederastia y abusos sexuales, inmatriculación de bienes que no son suyos, por ejemplo en Jerez se han inmatriculado los reductos, las escalinatas de subida a la Catedral antes Colegiata, a pesar de ser vías públicas (peatonales o no) y la Torre del Reloj o de la Atalaya, pese a ser propiedad municipal.
Por todo ello creemos que el papa León, más que dar lecciones a los legisladores elegidos democráticamente por los españoles, debería aprender de una sociedad democrática y tolerante como la española.
Otro punto importante son los excesivos privilegios que tiene la religión católica en España, también en contra del art. 16 de la Constitución. Muchos de estos privilegios se basan en los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede de 1976-1979 que sustituyeron a Concordato franquista y que, como veremos, es preciso derogar.
Ante la próxima visita del papa como representante de una religión, no tendríamos mucho que decir si se le atendiera como a una persona, digna de respeto, más.
En cuanto a la Economía recibe 382 millones de euros, en 2025, del 0.7 en el IRPF, muchas de las subvenciones por la casilla de los “fines sociales” van a organizaciones religiosas, se financia la educación privada religiosa, buena parte de los servicios sociales están privatizados con hospitales y residencias de ancianos religiosos, se dan fondos para arreglar iglesias y conventos, se pagan los profesores de religión, etc. etc. Se estima que la iglesia católica recibe unos 13.000 millones de euros al año. Aparte vive en un paraíso fiscal. En el Acuerdo sobre Asuntos Económicos el artículo 2,1 dice “El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”, el 2,5 “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades.” (cosa que no ha conseguido en más de 45 años), en el art. 3 se declaran libres de impuestos las limosnas, prestaciones, enseñanza en seminarios, objetos destinados al culto. En el art. 4 exime de la contribución territorial urbana (ahora IBI) a templos, capillas, locales anejos, residencias de obispos o sacerdotes, oficinas parroquiales, conventos, hay exención de impuestos de Renta y Patrimonio (excepto las explotaciones económicas que están exentas por la “Ley del Mecenazgo”), también están exentos del Impuestos de Sucesiones, Donaciones y Transmisiones patrimoniales si los bienes se dedican al culto, a la sustentación del clero, al apostolado o a la caridad. La opinión de los españoles es: un 62% están a favor de que las religiones no tengan ningún beneficio fiscal, sólo el 26% está de acuerdo con destinar el 0.7 del IRPF a la iglesia católica y un 67% se posiciona en contra del sistema actual, (según el Barómetro anteriormente citado).
Algunos privilegios son exorbitantes, por ejemplo el Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos en su artículo 1-6 dice “El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal